La Constitución Española de 1978, en su artículo 27.4 establece, literalmente, que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 3.3, dispone que la educación primaria y la secundaria obligatoria constituyen la enseñanza básica, y en su artículo 4.1 que ésta será obligatoria y gratuita para todas las personas. En igual forma, lo dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Es evidente que de estos textos legales se desprende que las enseñanzas obligatorias no deben representar coste económico alguno para el alumnado y, por ende, para sus padres y madres o tutores legales..

El próximo curso 2014/2015, se pretende poner en marcha la LOMCE en 1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesional Básica, lo que afectará a más de  millón y medio de estudiantes. El Ministerio tramita, de forma irresponsablemente acelerada además, los nuevos Reales Decreto de currículo, para adaptarlos a su visión ideológica y orientarlos a la superación de reválidas y otras pruebas estandarizadas, elementos fundamentales de su ley educativa. Las editoriales, por su parte, se disponen a modificar sus libros de texto para adaptarlos a los nuevos decretos. Ello les generará nuevos beneficios a costa de las familias y causará que se puedan perder los materiales acumulados en los bancos de libros, algo que ven con buenos ojos.

Pero debe tenerse en cuenta que estos cambios, tanto los realizados en la LOE, a través de la denominada LOMCE, como los que se realizarán como desarrollo de los anteriores, parten de una imposición unilateral del Gobierno central y el partido político que lo sustenta, habiendo cosechado ya el rechazo del resto del arco parlamentario y de la inmensa mayoría de la sociedad, que exige su retirada inmediata. De este rechazo, ha surgido el compromiso de las fuerzas políticas de la oposición de proceder a la derogación de la LOMCE.

Por todo lo anterior, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, exigiendo la completa financiación de la enseñanza pública con los fondos públicos, anuncia que inicia una campaña, en la que llama a las Comunidades Educativas de todos los centros educativos a la toma de acuerdos en los Consejos Escolares para que no se cambien los libros de texto que se estén utilizando en la actualidad, dado que:

  • Son perfectamente válidos y deben seguir siéndolo durante un mínimo de cuatro años desde el curso para el que fueron adquiridos.
  • Los cambios curriculares que se proponen ahora no tendrán una gran vigencia y, además, no son cambios esencialmente de los contenidos, sino del enfoque de los mismos por motivos ideológicos.
  • Existen grandes dificultades de las familias para asumir costes por la adquisición de libros de texto y materiales curriculares.
  • Los bancos de libros que se han creado deben seguir siendo usados porque suponen un capital social que debe ser respetado y defendido.

Para ello, se difunden una propuesta de modelo a utilizar en todos los Consejos Escolares de los centros educativos, para que se convoquen reuniones extraordinarias de los mismos por este motivo, así como otro de posible resolución, y se hace un llamamiento expreso a que sean utilizados de forma urgente y masiva.

Esta campaña forma parte de la campaña de resistencia a la implantación de la LOMCE. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública seguirá luchando así contra la LOMCE y sus desarrollos normativos.