Las leyes de Igualdad, de Violencia y de Educación superan su primer trámite

Ningún grupo presenta enmiendas a la totalidad a dos de las normas para agilizarlas. El final de curso y la acumulación de proyectos legislativos se dejaron sentir ayer en el primer pleno del periodo parlamentario: las leyes de Igualdad y de Violencia de Género superaron sus respectivos debates a la totalidad sin que ningún grupo se posicionara en contra para no obstaculizar los trámites, aunque fueron muchas sus objeciones y matices. La ley de Educación también salió adelante con la oposición del PP, que presentó un proyecto alternativo.

Casi todos los portavoces de la oposición criticaron la tardanza del Gobierno andaluz para llevar a la Cámara las tres leyes, y en dos de ellas -Igualdad y Violencia de Género-, ni siquiera hubo enmiendas a la totalidad. Eso no evitó que los reproches fueran más numerosos que los elogios y que los grupos anunciaran un aluvión de enmiendas en los debates en comisión, aunque pesó más la premura por finalizar la legislatura con las normas aprobadas.

En el primero de los proyectos, el de Igualdad, las portavoces de PP e IU, Ana Corredera y Concha Caballero, consideraron que la norma es meramente declarativa y poco comprometida, además de que no se especifican los recursos para ponerla en marcha. La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, por el contrario, destacó que la ley fija el marco jurídico e involucra a todas las políticas del Gobierno, y resumió su contenido en dos ejes: el empleo y la conciliación de la vida laboral y personal. La ley va a acompañada de una memoria económica: en el ámbito público habrá planes periódicos y, en el privado, incentivos para guarderías. La novedad respecto a la normativa estatal es que amplía el permiso de paternidad de los funcionarios (la Junta no tiene competencias para el resto) en cuatro semanas.

La ley de Violencia de Género partía de las conclusiones de un grupo de trabajo en el que participaron todos los partidos, pero las críticas fueron también abundantes. La norma garantizará la prestación sanitaria, incluida la psicológica, a las víctimas, además de protección y seguridad, pero, sobre todo, según explicó Navarro, incide en el desarrollo de las medidas preventivas. La popular Ana Corredera pidió que se recurra, como en otras comunidades a la seguridad privada si es preciso para la protección de las mujeres, al tiempo que reclamó más recursos para los ayuntamientos. El izquierdista José Cabrero planteó ir más lejos y crear un fondo de pensiones impagadas, mientras que la andalucista Carmen Pinto consideró que los medios son escasos y hace falta más dinero. La ley de Educación sí contó con un proyecto alternativo elaborado por el PP, que defendió el diputado Santiago Pérez. Éste criticó el “alto fracaso” escolar, el “desánimo” de los profesores, o el “deterioro de la convivencia”. La consejera, Cándida Martínez, subrayó que la ley, que persigue frenar el fracaso escolar, incrementa en más de un 36% el presupuesto de las enseñanzas no universitarias durante el periodo 2008-2012, con una inversión adicional de 1.175 millones de euros.

ISABEL PEDROTE – Sevilla.

Noticia publicada en ‘El País’,13-09-2007

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